Definición
La Contraloría social se define como “El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derech
os y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes”.
Marco Jurídico
La Contraloría Social tiene su sustento legal en la primacía de los derechos constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional consagrados en la Constitución, en los artículos:
- 6° “…el derecho a la información será garantizado por el Estado”
- 8° “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición…”
- 26° “…La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de desarrollo…”
Por otro lado, en la Ley General de Desarrollo Social se establecen principios fundamentales como la participación social entendida como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social, y en cuanto a la transparencia se refrenda que la información relativa al desarrollo social es pública y que las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz.
Rendición de Cuentas
La contraloría social es uno de los mecanismos implicados en el proceso de “Rendición de Cuentas”. Cuando los ciudadanos evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del gobierno cobra pleno sentido la acción gubernamental de proporcionar información y responsabilizarse por el uso de los recursos públicos y las políticas adoptadas.
Par exigir responsabilidad al gobierno también existe el control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el control interno realizado a través de auditorias y fiscalizaciones y por medición de resultados. El control social activa el control formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoria, rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables del manejo irregular de recursos. Por tanto, la contraloría social es un mecanismo que contribuye a que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia y honradez.
Contraloría Social y Democracia
El control social es una práctica que favorece la democracia –en su forma representativa- en tanto permite al ciudadano cuidar que la política pública sea incluyente de los intereses de los grupos que forman la sociedad y que los funcionarios representen el interés público actuando con honestidad y eficiencia. La contraloría social sirve para cuidar que los servidores públicos actúen a favor del interés público y no del particular, es decir como verdaderos representantes que cumplen con el mandato de los electores y se responsabilizan de esto, factores clave en una democracia.
Para que el político y el servidor público se comporten como representantes honestos y eficientes el control social puede desarrollarse en varios mecanismos:
- El proceso electoral mismo (control vertical básico de los sistemas representativos)
- Procesos y medios para obligar al mandato (plebiscitos, formas de revocación del mandato).
- Información para que el ciudadano esté en posibilidad de evaluar a su gobierno y uso de ésta por parte de asociaciones ciudadanas y público en general.
- Estructuras de participación social en entes autónomos de gobierno.
- Participación en la elección de los responsables de los organismos autónomos.
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Participación activa en la supervisión y evaluación de los programas y del comportamiento de los servidores públicos para que las políticas públicas se apeguen al interés manifestado por los ciudadanos –en virtud de que la acción de los gobernantes no se realiza directamente sino a través de las instituciones del ejecutivo.
Mecanismos para hacer llegar a los políticos y al poder judicial la evaluación ciudadana de las políticas públicas y de los burócratas para que éstos puedan sancionarlos o derivar cambios en la ejecución o en la legislación.